Mientras las tensiones geopolíticas impulsan un uso cada vez más frecuente de las sanciones económicas como instrumento de política exterior, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas se ha convertido en uno de los principales escenarios del debate sobre sus consecuencias. En este contexto, la relatora especial sobre las repercusiones negativas de las medidas coercitivas unilaterales, Alena Douhan, realizó una visita a Cuba en noviembre de 2025. Los resultados de esa misión serán presentados ante la 63ª sesión del Consejo por Zaina Jallad. Más que un documento sobre un caso nacional, el informe constituye una reflexión sobre una transformación más profunda: la conversión de las finanzas, el comercio y el acceso a la tecnología en herramientas de presión geopolítica cuyos efectos recaen directamente sobre las poblaciones civiles.
En la narrativa dominante sobre Cuba, el embargo estadounidense suele presentarse como una cuestión bilateral: un conflicto histórico entre Washington y La Habana, heredado de la Guerra Fría y perpetuado por décadas de enfrentamiento ideológico. Douhan propone una lectura distinta. No se concentra en las relaciones diplomáticas ni en los discursos políticos de ambos gobiernos. Examina, en cambio, cómo un entramado de sanciones, restricciones financieras y mecanismos de cumplimiento afecta la vida cotidiana de once millones de personas.